Sistema Nacional Anticorrupción

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Alejandro Tello Cristerna

El Sol de Zacatecas
27 de abril de 2015
La corrupción es una enfermedad que significa un gran lastre para la sociedad, ya que erosiona a nuestra democracia, así como a nuestra economía. Ésta se puede definir, en términos generales, como el abuso de poder por parte de un servidor público para obtener un beneficio privado, aunque también se puede presentar en el ámbito privado. Por tanto, es responsabilidad de todos, Estado y sociedad civil, poner de nuestra parte para eliminarla.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, estima que el costo mundial de la corrupción se encuentra alrededor de 2.6 trillones de dólares al año, más del 5 por ciento del Producto Interno Bruto Mundial, lo que desemboca en incrementos en el costo para hacer negocios e inversiones, exclusión de los grupos más vulnerables de los servicios básicos, y como consecuencia última, la degradación de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado, y en la sociedad misma.

Dentro del Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por la organización Transparencia Internacional para medir las percepciones sobre el grado de corrupción que existe en el sector público, nuestro país se colocó en el lugar 103 de 175 países evaluados, obteniendo una calificación reprobatoria con 35 puntos de 100. Al país en su conjunto, tanto nosotros como ciudadanos al incurrir en actos de corrupción al dar una mordida, o los servidores públicos al desviar recursos públicos, le cuesta una gran cantidad de dinero que este problema siga presente en nuestro sistema democrático.

Por tales motivos, ha resultado imprescindible que desde el Poder Legislativo Federal se reformen y emitan las disposiciones correspondientes para combatir de raíz este gran problema. Corresponde en esta ocasión, derivado de un gran estudio preliminar, reformar nuestra Carta Magna en diferentes artículos, para establecer, entre otros instrumentos, un Sistema Nacional Anticorrupción.

El Sistema en comento tiene la finalidad de prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción, y será una instancia coordinadora con las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, vía un Comité Coordinador. Este Comité, como principal función, diseñará y promocionará las políticas de fiscalización y control de recursos públicos; así como aquellas de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Asimismo, se instituye el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, organismo autónomo que impondrá sanciones a los servidores públicos y particulares que hayan incurrido en responsabilidades graves; además de fincar a los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que afecten la hacienda pública federal. También, se fortalecen las facultades de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización de recursos públicos.

Y en el tema de sanciones a los servidores públicos y particulares que incurran en faltas administrativas, éstos serán sancionados con la amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, independientemente de las sanciones económicas y penales.

Por su parte, las entidades federativas, como en el caso de Zacatecas, también tendrán que cumplir con ciertas obligaciones derivadas de esta reforma: en primer lugar, se establece que los estados crearán sistemas locales de anticorrupción homólogos. Asimismo, las entidades fiscalizadoras de los estados vigilarán el correcto uso de los recursos públicos, fondos y deuda pública, observando los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad; y los informes de auditoría de dichas entidades fiscalizadoras serán públicos. Finalmente, en las entidades federativas se instituirán tribunales de Justicia Administrativa para sancionar a los servidores públicos que cometan actos de corrupción en el ámbito estatal y municipal.

Para finalizar, considero elemental dentro del proceso de consolidación democrática que sigue nuestro país que esta reforma se haya aprobado por el Poder Legislativo. Corresponderá a todas las instituciones señaladas en la misma su correcta aplicación y ejecución. Es tiempo de terminar con este gran problema, que vulnera nuestra democracia, así como nuestra economía. No hay que olvidar que gran parte del desencanto de la sociedad en el sistema político en México proviene de este mal, por lo que el primer paso para restaurar la confianza es contar con los mecanismos e instrumentos necesarios para erradicar la corrupción. 

@ATelloC

*Senador de la República