CHARLES LOUIS DE SECONDAT, SEÑOR DE LA BRÈDE Y BARÓN DE MONTESQUIEU

(MONTESQUIEU)

Estimados amigos, me siento privilegiado y honrado de encontrarme nuevamente con ustedes, y poner a su consideración estas palabras y cuyo contenido tiene que ver con un tema que ha generado polémica a lo largo de la historia y que, en los últimos días ha estado presente en la agenda política tanto a nivel nacional como en nuestro Estado: el fuero constitucional, también conocido como inmunidad constitucional.

El fuero constitucional cuenta con varias acepciones según la Real Academia de la Lengua Española, siendo la más aplicable al tema que nos ocupa, la siguiente: “Cada uno de los privilegios o exenciones que se conceden a una provincia, a una ciudad o a una persona”. Así pues, podemos entender el fuero constitucional en México como los privilegios o exenciones de que gozan los funcionarios contemplados en el Título cuarto del nuestra Carta Magna, específicamente en el Artículo 108. La figura del fuero constitucional fue concebida no como un privilegio personal de los funcionarios a que se refiere el numeral señalado con anterioridad, sino como una protección a la función que ejercen, en virtud a que de ser tratados como cualquier ciudadano, se correría el riesgo de que los asuntos de importancia nacional sufrieran un deterioro en caso de que los funcionarios encargados de tratarlos, pudieran ser consignados ante la justicia ordinaria, al punto de detener el desarrollo económico, político y social de nuestro país. Otro de los argumentos que fundamentan la creación de la figura del fuero constitucional, tiene que ver con el hecho de la existencia de contrapesos entre los poderes de la Unión, es decir, evitar que la procuración de justicia fuera usada en contra de servidores públicos en funciones por enemigos políticos, en un afán de motivar una desestabilización para favorecer a los intereses de estos últimos. De lo anterior, fue creado un procedimiento excepcional denominado “Juicio Político”, plasmado en el Artículo 111 de nuestra Constitución, en el que la Cámara de Diputados, y en su caso, las legislaturas de los Estados, por mayoría absoluta de sus integrantes determinan o no la Declaración de Procedencia a fin de que determinado funcionario pueda ser llevado ante los tribunales para responder por la comisión de algún hecho delictivo estando en ejercicio de su funciones.

Infortunadamente, esta figura ha sido utilizada por algunos funcionarios para quedar impunes por la comisión de actos delictivos y de corrupción, cuya consecuencia ha sido la generalización entre la ciudadanía de que son intocables e injusticiables, o parafraseando al escritor Pablo Neruda: “el fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan”.Así pues, soy de la idea de generar foros de debate y discusión tanto en la sociedad civil así como en los poderes legislativos federal y estatales a fin de generar condiciones para que sea eliminada de una vez por todas la figura del fuero constitucional, puesto que quien se conduce con apego a la legalidad, verdad y honradez, no lo necesita. Además, estoy convencido de que trasgrede el principio de igualdad contemplado en el Artículo 13 de la Constitución Política Mexicana, que estipula que “nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales”, toda vez que dicha figura jurídica establece una diferenciación entre los iguales, y creo en la igualdad como eje esencial para el desarrollo de la democracia.

Aprovecho la ocasión para enviar en afectuoso saludo a todos los ingenieros que hoy celebran su día. ENHORABUENA.